LUCHA CONTRA EL FRAUDE. (Mayo 2012).
El Consejo de Ministros ha analizado una modificación del Código Penal en lo que afecta a los delitos de naturaleza fiscal, que se remitirá a los órganos consultivos del Gobierno.
El documento eleva a seis años la pena máxima de prisión para los delitos fiscales graves, que prescribirán a los 10 años.
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que es una reforma profunda que se concreta en tres ámbitos: la lucha contra la mala gestión pública de los recursos económicos; reformas para evitar el fraude fiscal y lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social.
Soraya Sáenz de Santamaría ha concretado que "se establece la tipificación como conducta penal de delito el cometido por aquellos gestores públicos que falseen, oculten, manipulen datos relativos a las cuentas públicas. Llevará aparejado una inhabilitación de hasta 10 años. La tipificación de esta conducta es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico".
Novedades:
‐ Se eleva la prescripción de la pena de delito fiscal de cuatro a 10 años.
‐ Se permite que durante la tramitación del delito fiscal puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la administración tributaria. La vicepresidenta ha apuntado que esto permitirá evitar que "durante la tramitación de los delitos fiscales asistamos a casos de alzamiento de bienes por parte del deudor tributario".
‐ Se adoptan medidas para ser más agiles contra la delincuencia fiscal cometida por organizaciones o tramas criminales. El caso más común es el fraude el IVA.
‐ En el ámbito de los delitos relativos al fraude laboral y contra la Seguridad Social, se produce una minoración de las cantidades que constituyen el límite para proceder por delito de fraude laboral, lo que permitirá luchar contra la economía sumergida. Se establece también una ampliación del plazo de prescripción, en las figuras más graves, de hasta 10 años.
‐ Se da una mejor regulación al fraude de subvenciones por parte de las Administraciones Públicas, en especial al fraude relativo a las prestaciones de la Seguridad Social y prestaciones por desempleo.
‐ Se establece una mejor regulación de los supuestos que afectan a derechos contra los trabajadores en contrataciones masivas.
